La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del salario mínimo —el primero en lo que va de la década— que se aplicará el 1 de mayo, aunque sin precisar su monto, calificándolo de “responsable”. La medida busca contener el creciente malestar social ante la falta de mejoras económicas tangibles, pese a las expectativas generadas tras la intervención estadounidense de enero. En este contexto, y en vísperas de una movilización en Caracas por reivindicaciones económicas, Rodríguez reafirmó el compromiso de su administración con el legado de justicia social de Hugo Chávez. Asimismo, por primera vez reconoció la responsabilidad del Gobierno en la crisis de hiperinflación, desabastecimiento y emigración masiva —que ha expulsado a cerca de ocho millones de venezolanos—, aunque atribuyó el colapso principalmente al “bloqueo económico” y admitió errores en la política salarial que generaron distorsiones fiscales y monetarias.

En paralelo, la mandataria anunció una serie de iniciativas institucionales y económicas, entre ellas la creación de una Comisión Presidencial para el Diálogo Laboral con miras a un eventual proceso constituyente sindical, retomando una idea planteada previamente por Nicolás Maduro. También informó sobre la firma de una ley para simplificar trámites administrativos, orientada a mejorar la eficiencia de la burocracia estatal, y propuso un nuevo modelo tributario junto con una comisión para definir los activos estratégicos del Estado. Rodríguez rechazó las propuestas de privatización de PDVSA impulsadas por la oposición y defendió un enfoque estatista. En su discurso, destacó señales de recuperación económica, como la reactivación de la industria privada y la implementación de subsidios directos a servicios públicos, presentados como “ingresos sociales no monetarios”, con el objetivo de recomponer el nivel de vida y reparar las “heridas sociales” acumuladas en los últimos años.

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