Servicios más cómodos y reducción en los tiempos de atención son algunos de los beneficios que ha traído la restructuración de la Agencia 29, Unidad de Investigación y Litigación Especializada en delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, a poco más de cinco meses de brindar servicio en sus nuevas instalaciones, ubicadas en el edificio principal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Como parte de la Fiscalía ciudadana que se impulsa dentro de la dependencia por instrucciones del Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León, la reubicación de la unidad permite una atención más digna y garante de los derechos humanos de los usuarios que acuden en busca del servicio.

La ampliación de los espacios y la creación de cubículos para la atención de las personas, brinda mayor confort y privacidad al momento de realizar las diligencias, con lo que también se atiende el aspecto sensible y humano que debe procurar cualquier institución.

Cabe recordar que la unidad ya cuenta con sus propias áreas de psicología y medicina para la valoración de las víctimas, que ayudan al reforzamiento de la relación intrainstitucional que conlleva a brindar servicios más eficientes para los ciudadanos.

Al encontrarse en la sede principal, donde se concentra el mayor número de áreas que conforman la dependencia, el acceso a los servicios de peritaje, medicina y psicología es más rápido y reduce los tiempos de espera para el usuario.

El lugar también cuenta con un área lúdica en la que los menores pueden distraerse, mientras se llevan a cabo las diligencias.

La unidad, mejor conocida como agencia 29, anteriormente se encontraba en el oriente de la ciudad y desde el 1 de septiembre del año 2022 inició operaciones en su nueva sede, habilitada en el edificio principal de la Fiscalía, en el complejo de seguridad pública, ubicado en el anillo periférico al poniente de Mérida.

Parte importante de esta restructura, fue el incremento del personal operativo, quienes las 24 horas del día, los 365 días del año, atiende delitos cometidos contra menores de edad, entre los que se encuentran sustracción de menores, violencia familiar, lesiones, amenazas, corrupción de menores, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, entre otros.

Este incremento en la plantilla contribuye a reducir la carga de trabajo, disminuir los tiempos de atención y hacer más eficaz la operación de la unidad, en beneficio de los operadores, pero principalmente de la sociedad.