En comisiones, la Fracción Legislativa Priista rechazó millonarios empréstitos por no ser claros ni viables, además de que representan un riesgo para el futuro de la ciudadanía
Mérida, Yucatán, 27 de junio de 2022.- La Fracción Legislativa del PRI votó en comisiones del Congreso del Estado en contra de los millonarios empréstitos solicitados por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, al considerar que no son viables, no hay información clara sobre los proyectos en los que se implementarían y porque significan un fuerte endeudamiento para el pueblo yucateco.
Durante la sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, la diputada Fabiola Loeza Novelo, en representación de la bancada del PRI, rechazó el dictamen del Ejecutivo en el que solicita un endeudamiento de mil 735 millones de pesos, dinero que se usaría para el proyecto de transporte Ie-Tram, al recalcar que no existe información suficiente y clara sobre la obra.
“Debe realizarse con responsabilidad un análisis de la capacidad de pago, viabilidad del proyecto, entre otras consideraciones, para lo cual se necesita tener elementos de información mínima que permitan llegar a una decisión informada y responsable. De ahí que, consideramos imprescindible conocer previsiones de montos, tipo de infraestructura, su ubicación, duración y condiciones de pago, así como si se prevén mecanismos de participación ciudadana”, sostuvo.
También votó en contra de la deuda de 350 millones de pesos para obra pública de Mérida, asegurando que el gasto de la infraestructura productiva no es congruente con el que se destina a nómina y gastos de publicidad del Ayuntamiento.
Además, dijo que actualmente existe una histórica recaudación del municipio derivado del aumento a impuestos como el predial, lo que permite que se tenga la posibilidad de invertir recursos sin tener que adquirir deuda pública que afecten a en el corto y largo plazo a los meridanos.
La Fracción Legislativa del PRI refrenda su compromiso con la ciudadanía de no autorizar empréstitos ni reformas de ley que carezcan de transparencia o que pongan en riesgo su futuro.
