El grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado propuso fortalecer la legislación local en materia de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, procurando reparar el daño causado y la garantía de su no repetición, con enfoque de prevención y sanción.
 
Durante su intervención en tribuna, Gaspar Quintal Parra, coordinador de los diputados priistas, afirmó que se debe garantizar la reparación integral de los actos como el acontecido el pasado día 6 de agosto, en el que José Eduardo Ravelo Echavarría murió a causa de actos susceptibles de constituir tortura, abuso sexual y lesiones.
 
“En el PRI consideramos imprescindible procurar que no se repitan casos como este, adoptando las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de todas las personas en Yucatán”, manifestó.
 
La propuesta incluye, entre otros aspectos, la modificación  de la Ley de Víctimas del Estado para facultar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención, así como para garantizar la reparación integral a las víctimas del delito de tortura. En segundo término, se propone el tipo penal del delito de tortura y del delito de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Código Penal Local estableciendo un catálogo de supuestos agravantes sobre todo cuando los actos sean cometidos por servidores públicos locales y municipales.
 
Así mismo, reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán para considerar como falta administrativa grave responsabilidades administrativas de servidores públicos y de particulares vinculados con actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes.
 
También propone que los integrantes de las instituciones policiales tengan las obligaciones específicas establecidas en el artículo 41 de la ley general y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
 
Así como la creación de la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles Inhumanos y Degradantes atendiendo el mandato de la Ley General, bajo la competencia prevista.
 
La iniciativa legislativa fue suscrita por las diputadas Fabiola Loeza Novelo y Karla Franco Blanco, integrantes de la bancada priista.