September 27 2018, en Policía
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación al ciudadano A.L.H. por su presunta participación en el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, cometido por culpa; denunciado tras

El Ipiemh presenta protocolo para actuar ante este tipo de conductas en dependencias gubernamentales.

Mérida, Yucatán, 27 de Septiembre de 2018.- El Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (Ipiemh) dio a conocer el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en el Estado, el cual establece una serie de obligaciones y medidas que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades públicas, con la finalidad de implementar de forma uniforme, homogénea y efectiva los procedimientos de actuación sobre el tema.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que la violencia sexual es cualquier acción que pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de ellas. El hostigamiento y acoso sexual son dos modalidades que se ejercen en el ámbito laboral, expresadas de manera verbal o física.

Uno de los objetivos del Protocolo, publicado en el Diario Oficial el 26 de abril de 2018, es promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral adecuado. Asimismo, tiene como meta crear un registro este tipo de conductas en el servicio público, que permitan su análisis para implementar medidas para erradicarlas.

En este marco, las dependencias y entidades están adoptando un pronunciamiento de "Cero tolerancia" a dichas conductas a través de actividades para garantizar el respeto, la prevención, la protección, la sanción y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, especialmente cuando éstas sean víctimas de hostigamiento o acoso sexual en su empleo, cargo, comisión o funciones en el servicio público, así como al acudir por un trámite o servicio a oficinas estatales.

Como apoyo, las Unidades de Igualdad de Género están a cargo de orientar y acompañar a la víctima de ante las autoridades competentes. El Protocolo también indica que las respectivas sanciones estarán determinadas por las disposiciones legales en materia penal y de responsabilidades administrativas aplicables.

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