Acusado de no pagar la pensión alimenticia de sus hijos menores, J.A.C.Q. fue imputado por la Fiscalía General del Estado (FGE) con el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, denunciado por su expareja sentimental, después de no cumplir con la sentencia otorgada por un Juez de lo Familiar.

Tras presentar la querella correspondiente, los especialistas de la Fiscalía comenzaron la integración de la carpeta de investigación, la cual fue judicializada bajo la causa penal 411/2022, donde se establece que el imputado y la querellante sostuvieron una relación sentimental, de la cual procrearon dos hijos, pero en tras su separación y promover un juicio de divorcio ante un Juez de lo Familiar, el imputado fue sentenciado al pago del 40 % de su sueldo como pensión alimenticia a favor de sus hijos menores, pero durante los años 2019, 2020 y hasta 2022, el encausado dejó de realizar pagos o los hacía incompletos, por lo que la querellante acudió ante la autoridad para denunciar el incumplimiento.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación, tras formular la imputación del delito, expusieron los datos de prueba para pedir la vinculación a proceso del encausado, quien solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su condición legal, por lo que el Juez Segundo de Control, tras escuchar a las partes, estableció que la audiencia se reanude el próximo 28 de enero.

Finalmente, antes de dar por concluida la diligencia judicial, esta representación social solicitó la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez de Control estableció que el imputado deberá acudir periódicamente a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial y deberá someterse al cuidado y vigilancia del citado Centro, todas estas se mantendrán vigentes durante todo el tiempo que dure el proceso.