Acusado de no cumplir con la sentencia impuesta por un Juez de lo Familiar para el pago de la pensión de su hija, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.I.P.P. por el delito de desobediencia y resistencia de particulares a un mandato de la autoridad, por lo que se presentó la denuncia correspondiente, la cual derivó en la causa penal 190/2022.

Una vez iniciado el proceso penal, los especialistas de la Fiscalía comenzaron la indagatoria, de la cual se desprende que el imputado y la denunciante promovieron un procedimiento de divorcio voluntario, del cual se dictó sentencia en septiembre del año 2015, donde quedó establecido que el acusado debía pagar seis mil pesos de pensión alimenticia, además de sufragar el pago de la colegiatura de su hija; pero tras incumplir en varias ocasiones los acuerdos establecidos y desobedecer el mandato de la autoridad, es que se inició el presente proceso penal.

En la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación, tras formular la imputación del delito, expusieron los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso, pero el imputado pidió la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación, por lo que la Juez de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo 12 de julio.

Antes de dar por concluida la diligencia judicial, esta representación social expuso la justificación para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que la Juez de Control estableció que el imputado deberá acudir periódicamente a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares, además de tener prohibido salir del Estado sin autorización judicial, estas medidas permanecerán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.