Mérida, Yucatán, a 04 de agosto de 2020.- Debido a que se detectó que cometieron irregularidades con recursos extraordinarios en esta emergencia sanitaria, un total de 36 funcionarios de 17 ayuntamientos fueron sancionados conforme a sus propias normativas, gracias a la activación de Mecanismo de Queja del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY).

El pasado mes de abril, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEAY, Mónica Febles Álvarez-Icaza, suscribió la respectiva queja dado a que había indicios de posibles actos de corrupción de servidores públicos, quienes pretendieron acceder a los apoyos del Programa de Desempleo que puso en marcha el Gobierno del Estado con motivo de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Información remitida a la Secretaría Ejecutiva del SEAY, señala que hasta el momento han dado respuesta a esta indagatoria un total de 44 ayuntamientos, y en 17 de ellos identificaron a 36 servidores municipales que habrían solicitado el seguro de desempleo cuando nunca dejaron de tener trabajo.  

En función a la falta cometida por los servidores públicos, los ayuntamientos impusieron sanciones que van desde apercibimientos y suspensiones hasta el cese definitivo.

Es así como fueron retirados de sus cargos cuatro personas; otras seis, suspendidas; a 16 más les abrieron expedientes administrativos y recibieron amonestaciones; en dos casos se realizaron procedimientos con base a códigos de ética; y, finalmente, a ocho personas más están por determinarse las sanciones correspondientes.

Todavía faltan por dar respuesta a la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva un total de 62 ayuntamientos, así como otras instituciones a quienes se les solicitó información.

Cabe recordar que a raíz de la emergencia por Covid-19, el Gobierno del Estado dispuso de acciones extraordinarias para hacerle frente a las crisis de salud y económica, entre las que destaca el Programa de Desempleo, con el que se apoyó a quienes perdieron su trabajo a inicios de la contingencia.

Sin embargo, tras la publicación del listado de beneficiarios, hubo señalamientos en medios y redes sociales sobre injusticias por la inequidad en la que algunos incurrieron cuando presentaron solicitudes para pretender acceder, indebidamente, a esos recursos.

A fin de dar curso a las indagatorias correspondientes, el Comité de Participación Ciudadana del SEAY, a través de su presidenta, activó el Mecanismo de Queja y promovió que la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del propio Sistema tomara conocimiento de posibles hechos de corrupción o faltas administrativas.

También solicitó dar vista a las instancias del Gobierno del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos, para que en el ámbito de sus facultades comenzaran las investigaciones correspondientes.

Es así como ya se obtuvieron los primeros resultados de ese proceso de investigación contra servidores públicos que intentaron aprovecharse de los recursos otorgados por Covid-19, en particular los destinados al Programa de Desempleo.