Mérida, Yucatán a 5 de diciembre de 2019

El Poder Judicial del Estado inició la implementación de un programa de mejora que busca aprovechar de manera más eficiente los recursos materiales y humanos, con el fin de agilizar el procesamiento de los casos en el sistema de justicia penal acusatorio y oral.

El coordinador de jueces de este sistema, Kenny Martins Burgos Salazar, explicó que, con base en un diagnóstico y con el conocimiento de un sistema que ya ha sido aplicado en otros estados, se planteó la necesidad de consolidar la operatividad del sistema penal a través de una serie de acciones que empezaron a realizarse desde el 5 de noviembre pasado y se continuarán ejecutando en los 100 días posteriores.

Al término de este plazo, este programa piloto se evaluará para modificar o adaptar de forma permanente aquellas acciones que hayan dado buenos resultados.

Entre otras cosas se modificaron horarios de trabajadores acorde a la carga laboral y la urgencia en el cumplimiento de los plazos se rediseñaron as estructuras en algunos juzgados.

 Por ejemplo, se establecieron horarios para audiencias más complejas y se dejó un espacio para recibir exclusivamente asuntos o casos que requieren prisión preventiva o que tengan plazos o tiempos de atención prontos al vencimiento.

Este mecanismo pondera también el uso de medios electrónicos para notificaciones y comunicación entre autoridades, pues ya están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que rige el procesamiento de los casos.

Estas mejoras incluyen la retroalimentación y generación de criterios procesales que puedan aplicarse de forma estandarizada para una atención más expedita de los casos.

Para ello desde el pasado 7 de noviembre inició un conversatorio interinstitucional en el que participan jueces y personal operativo de los juzgados de control y de juicio oral del sistema penal, quienes comparten experiencias y criterios aplicados en los casos que resuelven.

Este programa prevé, en una segunda fase, extender estas reuniones a personal de la fiscalía y defensoría, ambas instituciones del Ejecutivo, con el fin de hacer más eficiente la interacción, dichas reuniones arrancarían en la segunda quincena de enero y podrían continuarse de forma trimestral.