Mientras El Salvador inaugura infraestructura de primer mundo, en México el modelo del IMSS-Bienestar choca contra un sistema de salud pública colapsado, definido por la escasez, la burocracia y un servicio que atenta contra la dignidad del paciente.

El pasado 1 de junio, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ofreció una imagen que parece de ciencia ficción para el grueso de los latinoamericanos: la inauguración del Nuevo Hospital Nacional Rosales. Presentado en cadena nacional como el complejo médico más avanzado de Centroamérica, el recinto presume quirófanos híbridos, cirugía robótica y atención de tercer nivel totalmente gratuita.

A miles de kilómetros de ese megaproyecto, la monumentalidad de la obra salvadoreña no hace más que restregar sal en la herida abierta del sistema de salud público en México. Aquí, el discurso oficial defiende la transición hacia el modelo IMSS-Bienestar, una estrategia de federalización que promete «salud como en Dinamarca», pero que en la práctica diaria condena a los usuarios a un viacrucis institucional.

Si la estrategia salvadoreña se basa en la centralización de alta especialidad para garantizar tecnología de punta, el Estado mexicano apostó por absorber la infraestructura estatal para estandarizar el servicio. Sin embargo, lo que se ha estandarizado a nivel nacional es la precariedad. Desde las saturadas clínicas del centro del país hasta los hospitales públicos en el vasto territorio de Chihuahua, la constante es un servicio históricamente deficiente.

El contraste es brutal. Mientras en el Hospital Rosales se habla de trasplantes de médula ósea y camas inteligentes, en las salas de espera del IMSS-Bienestar los familiares duermen en el suelo, aguardando horas o días por una cama disponible. La gratuidad universal prometida en el papel se desmorona cuando la farmacia de la clínica no tiene los insumos básicos, obligando a las familias a comprar desde paracetamol hasta jeringas y gasas de su propio bolsillo.

La tecnología y la infraestructura exponen la mayor de las brechas. El esfuerzo mexicano por rehabilitar hospitales que operaban en obra negra palidece ante la realidad de elevadores descompuestos, máquinas de rayos X obsoletas o fuera de servicio, y goteras en los quirófanos. A esto se suma el trato de un personal médico a menudo rebasado, trabajando bajo estrés crónico, lo que invariablemente se traduce en una atención apática y deshumanizada hacia un paciente que ya llega vulnerable.

Al final, la región observa dos realidades. El Salvador demuestra que una fuerte inversión concentrada puede generar un «faro» de altísima calidad gubernamental. México, por su parte, sigue atrapado en un laberinto burocrático donde cambiarle el nombre al sistema —de Seguro Popular a INSABI, y ahora a IMSS-Bienestar— no oculta la cruda verdad: los hospitales públicos siguen siendo sinónimo de pésimo servicio y agonía para millones de ciudadanos que no tienen otra opción.

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