La diputada Milagros Romero Bastarrachea de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo en el que pide al ejecutivo estatal girar instrucciones a las Secretarías correspondientes, a definir estrategias y realizar funciones transversales que prevengan la violencia contra las mujeres y así mismo a incluir en el Plan Estatal de Desarrollo 2018 – 2024, planes y políticas públicas para promover la cultura del respeto al derecho de las féminas.

“Es claro que este problema no puede, ni debe ser enfrentado solo por las autoridades, sino que sociedad y gobierno debemos coadyuvar para acabar con este flagelo social”, manifestó.

En ese sentido, la también Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género dijo que corresponde al Poder Legislativo, revisar la normatividad vigente, adecuarla y mejorarla y que sirva de base para la prevención, atención, erradicación y castigo de actos de violencia en contra de las mujeres. Informó que según datos de la Secretaria de Salud Federal, en Yucatán, las mujeres atendidas en centros de salud públicos por casos de violencia intrafamiliar han sido los siguientes: En 2014 se atendieron a 1,980 mujeres golpeadas; en 2015 fueron 1,760; en 2016 fueron 1,454; en 2017 fueron 1,522, y en lo que va de 2018 se ha atendido a 953 mujeres.

De acuerdo a esos datos la diputada manifestó que nada puede justificar cualquier acto de violencia y que es claro que aún no se ha encontrado la fórmula que garantice a las mujeres su derecho de disfrutar una vida libre de violencia.

“Este problema no puede, ni debe ser enfrentado solo por las autoridades, sino que sociedad y gobierno debemos coadyuvar para acabar con este flagelo social”, manifestó.

Por último, agregó que la realidad de las mujeres en Yucatán cada vez es más lamentable y no es de un solo municipio, sino en todo el interior del Estado y que es necesario hacer un trabajo en conjunto con los demás poderes para erradicar este mal que lastima a todos los yucatecos.

“De igual forma, el Poder Judicial y la Fiscalía estatal deberán garantizar el acceso a la justicia a todas las mujeres víctimas de violencia; así como de proporcionarles la justicia a la que tienen derecho”, finalizó.

En el punto de acuerdo se sumaron las diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias y fue aprobado por unanimidad.