Posicionamiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sobre el acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar acciones en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, publicado el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación CDMX, 23 de noviembre de 2021.
 Los constructores formales afiliados a la CMIC compartimos el propósito del Gobierno Federal de agilizar la ejecución de las grandes obras de infraestructura que el país necesita. Asimismo, respetamos las atribuciones legales de las autoridades federales para emitir decretos en aras de hacer valer el interés público. Sin embargo, no estamos de acuerdo que la construcción de obras públicas a través de permisos provisionales sea la mejor manera de agilizarla, por los problemas que podrían generar a las dependencias ejecutoras de obra pública, las empresas constructoras y la sociedad en general. Existen diferentes causas que inciden el retraso de la obtención de permisos para la ejecución de obras públicas además de la capacidad de respuesta de las instituciones responsables, es un problema estructural que debe atenderse dándole a la planeación de largo plazo y a la preparación técnica de los proyectos la seriedad, prioridad y tiempo que requieren. Por ello y de la manera más respetuosa, expresamos nuestra legítima preocupación de que este decreto devenga en mayor improvisación, mayores costos, menor transparencia y deterioro en la calidad de las obras. No es sano hacer de una excepción, la regla. De ninguna manera todos los proyectos de obra federal de agua, medio ambiente, comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, turísticos, energéticos y de salud califican como proyectos de seguridad nacional. Esperamos que las autoridades federales abran un espacio de diálogo con los diferentes sectores involucrados en el ciclo de infraestructura, para encontrar un punto de equilibrio que concilie la legítima aspiración de las autoridades de agilizar las obras, con el imperativo de garantizar la adecuada realización de la misma en condiciones de transparencia, costos competitivos y calidad.